Radiografía de una crisis humanitaria en América

Hasta hoy, a las afueras del Consulado chileno en Tacna (Perú), cerca de cuatrocientas personas venezolanas –de las cuales un tercio son niñas y niños– esperan su cita para saber si podrán ingresar a Chile o no. Esa espera –que en promedio es de 10 días– se vive con una paciencia desesperada por parte de estas familias forzosamente desplazadas desde Venezuela.

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Sus dinámicas no cambian. A diario se dirigen al consulado apenas amanece, sin saber si serán atendidos. Luego hacen filas para recibir las donaciones de desayuno, almuerzo y cena de una organización social, o de alguna familia peruana o chilena. Sus esperanzas reviven al ver salir a algunas personas con el permiso para entrar a Chile, pero también se angustian cuando ven a otras con cara de confusión. Personas cuyas solicitudes de ingreso fueron rechazadas porque les pedían documentos que para muchos son imposibles de conseguir. Por las noches, vuelven a sus carpas donadas que colapsan la calle del consulado, o a albergues que organizaciones de la sociedad civil han dispuesto para recibirles. Esto, si no han tenido que llevar a sus hijos enfermos a la Cruz Roja Peruana.

Ante la negativa, algunas familias cruzan la frontera de manera no regular. Lo hacen caminando por la línea del tren, o por la playa. También, cruzan por la “trocha”: zonas abiertas donde se señala que hay minas antipersonales sembradas hace décadas y que no han sido eliminadas. Incluso, hay quienes lo han hecho en botes por el mar. Los “coyotes” que ofrecen sus “servicios de orientación” para cruzar a Chile están proliferando y cobran entre 50 y los 300 dólares.

“Éramos un grupo de 30 personas caminando por la línea del tren: 18 niños y 12 adultos aterrorizados de no poner un pie fuera de los rieles, por el riesgo de que estallara una mina. Fuimos detenidos antes de ingresar a Chile, y nos devolvieron a Tacna”, relata una madre de familia.

La Agrupación de Venezolanos en Arica señala que son alrededor de diez niños que fueron derivados al Servicio Nacional de Menores (SENAME), al haber sido encontrados en Chile. Son los denominados MENA, Menores No Acompañados.

Lo que ocurre en la frontera de Perú y Chile, también pasa en Tumbes (frontera peruana con Ecuador), debido al aumento de nuevos requisitos de inmigración del Gobierno peruano. Y es lo que podría repetirse en otros países de la región si estos replican las restricciones en inmigración.

La prolongación de la crisis venezolana prevé que los flujos migratorios se mantendrán. No obstante, si aumenta la cantidad de familias en situación de calle en las fronteras, los servicios sociales colapsarán y las consecuencias podrían ser catastróficas. Por esa razón urge una coordinación de los estados americanos –especialmente de Chile, Perú, Ecuador y Colombia– que permita acoger a las familias que huyen de la crisis humanitaria en Venezuela. Es prioritario establecer cuotas de migración de los países, que puedan ser ajustadas en la medida que la migración aumente; que se flexibilicen los requisitos de documentación y se eliminen los requerimientos de visas, ya que en Venezuela no se está reconociendo el derecho a la identidad, siendo muy caro y difícil acceder a dicha documentación.

También es imperioso clarificar y comunicar de manera efectiva los requerimientos de ingreso; priorizar la migración de familias con niñas y niños, velando por el principio de interés superior del niño establecido en la Convención de Derechos del Niño. Asimismo, es fundamental velar por la reunificación familiar de aquellas personas que migran buscando reencontrarse con sus seres queridos y generar políticas de corto plazo para trabajar con población transitoria en situación de calle.

Hoy las políticas migratorias de los países de Sudamérica no logran hacerse cargo de un fenómeno masivo de migración forzada desde Venezuela. Si los países de nuestro continente no se coordinan para dar refugio a estas víctimas de la crisis humanitaria, empezaremos a ser testigos de cómo nuestras fronteras repiten las más terribles escenas que hemos visto en otras crisis migratorias en el mundo. Y esas escenas, lamentablemente, tendrían rostro de niñas y niños.

En Tacna escuchamos voces que son eco de cada frontera, formal e informal. Voces que nos alertan sobre una crisis humanitaria de la que todos somos responsables y que podemos detener.

Sobre los autores: Benito Baranda es presidente ejecutivo de América Solidaria (AS) Internacional, Angélica Vargas, directora ejecutiva de AS Perú y Sebastián Zulueta, secretario ejecutivo de AS Internacional.